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El "acuerdazo sindical" (2002)
Conforme las
sociedades humanas van evolucionando, crece en ellas la preocupación por
ofrecer a todos sus miembros las mismas oportunidades. Intentan reducir
las desigualdades que los individuos y grupos sufren y, para ello, están
empeñadas en la lucha contra todo tipo de discriminación. Incluso se ha
extendido el concepto de discriminación positiva, que intenta compensar
las dificultades de origen (historia, medios, mentalidad, usos) que a un
determinado grupo social pueden impedirle la posibilidad de competir en
verdadera igualdad de oportunidades con grupos que por diversas
circunstancias están mejor situados. De esta idea
participa la inmensa mayoría de instituciones, partidos políticos,
asociaciones. Pero, cuando se trata de elecciones sindicales, la
Consejería de Educación de la D.G.A. y los sindicatos mayoritarios en la
enseñanza pública , UGT, CCOO, CSIF y STEA . no parecen practicarla.
Porque una cosa es predicar....
El día 4 de
diciembre hay elecciones sindicales en lo que se ha dado en llamar,
desgraciadamente, Enseñanza no universitaria.. La Administración y
algunos sindicatos se han reunido y llegado a un acuerdo, voluntario y
que compromete a los firmantes, para "regular aquellos aspectos que las
normas electorales no han contemplado así como complementar aquellos
otros que se dejan a voluntad de los distintos actores del proceso" (B.O.A.,
29 Septiembre de 2000)
En él, se reconoce
la necesidad de disponer de medios humanos para el cumplimiento de las
obligaciones y deberes que las organizaciones sindicales tienen en el
proceso electoral. (Cláusula cuarta). Al llegar a este punto, se les
olvida todo su bonito y florido discurso. De igualdad de oportunidades,
nada de nada. De discriminación positiva, menos. Dan más a los que más
tienen (que tienen mucho) y, lo peor, no dan nada a los que menos
tenemos. Y se quedan tan tranquilos.
A.P.S.(Asociación
de Profesores de Secundaria) es un sindicato modesto, independiente y
profesional, que a duras penas pudo presentarse a las anteriores
elecciones sindicales por la provincia de Zaragoza. Sin apenas medios,
sin estructura ni aparato, "un grupo de amigos", como nos llamaba
amablemente un sindicato mayoritario, consiguió excelentes resultados
(tenemos tres representantes en la Junta de Personal de la provincia de
Zaragoza). Ello, por supuesto, no es mérito suficiente para ser
invitados a esas reuniones "semiclandestinas" y, mucho menos, para
disfrutar de alguno de los beneficios que con tanta generosidad ellos se
reparten.
El "acuerdazo"
dificulta enormemente la posibilidad de completar nuestras candidaturas
por Huesca y Teruel. y pone en peligro la presencia de A.P.S. en la Mesa
Sectorial, donde se negocian los asuntos relacionados con la enseñanza
pública. Si la voz de los Profesores de Secundaria (los antiguos
profesores de Bachillerato y F.P.) no llega a esos ámbitos, algo de
culpa tendrán la Administración educativa aragonesa y los Sindicatos
mayoritarios que, por un instante, han olvidado la necesaria lucha
contra la discriminación. ¿No deberían dar ejemplo en la práctica de lo
que tanto predican, unos en los despachos y otros en las aulas?
A partir del día
16 de octubre, los sindicatos visitarán los Institutos y explicarán a
los claustros sus propuestas educativas. Los profesores de APS no
estarán allí, porque el "acuerdazo" no se lo permite. Se conoce que
algunos tienen una idea muy peculiar de lo que significa el término
igualdad de oportunidades.
Desconcierto en la educación aragonesa
(2002)
Recientemente los medios de comunicación se han hecho eco de la
intención del gobierno autonómico de Aragón de destinar entre
los años 2003 y 2005 casi 12 millones de euros a la financiación
de centros privados concertados que imparten o pueden hacerlo el
tramo de la educación infantil comprendido entre los 3 y los 6
años de edad. Comoquiera que por ahora la ley no obliga a la
financiación de la educación infantil, todavía voluntaria,
aunque mayoritariamente elegida por las familias españolas, no
parece una prioridad transferir dinero público a empresas
privadas para que se ocupen de esa tarea.
Una de las críticas que está recibiendo el anteproyecto de Ley
de Calidad ha sido precisamente la de que de ella puede
derivarse la asignación de fondos públicos a la enseñanza
privada. No obstante, debe recordarse que el documento no
contempla la financiación a la privada concertada en edades que
llegan hasta los seis años y únicamente recoge que "Las
Administraciones educativas garantizarán la existencia de
puestos escolares gratuitos en los centros sostenidos con fondos
públicos para atender a las demandas de las familias".
Aunque algunas comunidades, Cataluña o el País Vasco,
subvencionen hoy la práctica totalidad de la escuela infantil ,
otras como Andalucia están en las antípodas y no destinan dinero
a esa financiación privada. En cualquier caso del documento
ministerial no se deduce necesariamente que la gratuidad
consista en asignar a la enseñanza concertada unos fondos de los
que muy bien podría disponer la pública.
Los titulares de ciertos medios han insistido en que son las
comunidades afines al partido socialista las que menos dinero
destinan a los conciertos y las cercanas al partido hoy en el
poder las más espléndidas en la asignación de recursos. Si se
sitúa ahí a Convergencia o al PNV resulta una afirmación cuando
menos aventurada (no debe olvidarse que el acuerdo en la
Comunidad vasca se firmó en tiempos de total sintonía entre el
PSE y PNV y que el partido de Pujol ha coqueteado antes y hora
con los gobiernos centrales sea cual fuere su color). Exceptuado
el caso andaluz, reticente a sufragar los gastos de la escuela
privada, y siempre en la órbita socialista, en el resto de las
comunidades las oscilaciones son poco significativas por lo que
cabe colegir que gobierno y oposición caminan por la misma
senda.
Diversas opiniones vertidas al respecto han calificado la
iniciativa del gobierno aragonés como desconcertante. Quizá lo
sea para los no avisados, pero no lo sería tanto si se atendiera
a lo que pueden suponer los pactos con fuerzas políticas no del
todo afines. La adscripción del socialismo a la escuela laica
pública y la defensa que históricamente (me refiero a la época
que va desde la ILE hasta la instalación del felipismo) se ha
hecho de esa opción frente al sector privado, religioso o no, se
ha venido abajo, posiblemente por imposición del PAR, formación
que a decir de uno de sus dirigentes "tiene en su programa
electoral el apoyo a la privada concertada, que está prestando
un servicio público que beneficia a 2.000 ó 3.000 familias
aragonesas". Las manifestaciones de los mandatarios
políticos a favor de la subvención o las de los dirigentes
sindicalistas afines en contra no son más que hojarasca para
tratar de enmascarar la gravedad de una medida muy perjudicial
para la enseñanza pública.
Adviértase así mismo el alborozo con que la Ministra de
Educación ha acogido la iniciativa aragonesa puesto que ha
encontrado en un gobierno teóricamente de oposición un seguidor
incondicional y aventajado de las líneas del proyecto o el
desparpajo con que otro miembro del gobierno de Aragón ha
declarado, con el consiguiente desconocimiento del sentir
general, "el debate de la escuela pública y la concertada se
superó después de la aprobación de la Constitución". También
induce a la desconfianza en las ventajas que la iniciativa puede
tener para la escuela pública el que el presidente de SITE, el
único sindicato que se proclama integrado exclusivamente por
miembros de la privada, se jacte de que gracias a su quehacer
los centros privados hayan conseguido al fin la subvención.
La financiación a la escuela privada mediante conciertos o
convenios fue fruto de una situación de hecho en los años del
tardofranquismo o la transición. Entonces la abundancia de
centros religiosos y en menor grado de otros privados hacía
necesario su concurso para cubrir las necesidades educativas de
un país en el que los centros públicos no tenían la cobertura
suficiente. Hoy la situación ha cambiado y en la actualidad ya
no son imprescindibles: el pluralismo político y religioso que
impera en nuestra sociedad convierte en meras anécdotas el que
en un centro se ofrezca la religión católica, que en otro pueda
haber mayor disciplina y control de los alumnos o que crea
contar con instalaciones "de calidad". Por ello cualquier dinero
destinado a la escuela privada es, en cierto modo, un
despilfarro puesto que retrasa o impide el desarrollo de la red
estatal.
Quizá no sea inútil advertir que en España la educación pública
obligatoria, alrededor del 66%, no llega ni de lejos a las
cifras de otros países de nuestro entorno como los escandinavos,
en donde alcanza porcentajes comprendidos entre el 90 y el 95% ,
o el caso alemán en que se sitúa en el 100% o la más cercana
Francia en que el 80% de los jóvenes acude a centros escolares
estatales. A título de ejemplo conviene recordar que el Estado
emplea en pagar sueldos a los profesores de religión que operan
en los colegios públicos aproximadamente unos 50.000 millones de
pesetas por curso repartidos entre el gobierno central y las
correspondientes consejerías autonómicas. Esa cifra, ya de por
sí elevada, queda ridícula si se compra con lo que cuestan los
conciertos con las instituciones eclesiales, unos 420.000
millones en subvenciones, algo más del 85% de lo que el Estado
aporta para toda la enseñanza privada concertada; en ese
montante entran las subvenciones por módulo, las nóminas de los
docentes y, además, una partida para administración de centros
que el Estado no controla totalmente.
Esos gastos tienen una influencia negativa en la etapa que más
nos preocupa: la Secundaria Obligatoria ya que hay en ella
asuntos, y no de menor calado, que están igualmente
desatendidos. Todavía no se ha dado solución a la situación del
profesorado mayor de 54 años que ya hace varios años desea ver
reducido su horario lectivo; todavía produce estupor ver cómo si
alguien cae enfermo por un plazo que oscile entre la semana y
los quince días, los alumnos de los centros públicos se quedan
sin clase; todavía no se cuenta con laboratorios de idiomas que
permitan elevar el nivel de competencia del alumnado en lenguas
extranjeras; todavía la ausencia de gimnasio o polideportivo
obliga a nuestros jóvenes a estar la la intemperie buena parte
del invierno en unos patios que a veces presentan un estado de
lamentable descuido.
El
dinero público no está para sufragar la iniciativa privada y
menos en un tramo de educación no obligatorio, aunque la ley
aluda a su gratuidad; primero hay que ocuparse de la extensión,
con los niveles adecuados de calidad, de la educación
obligatoria y pública a toda la red del estatal, más tarde a la
creación o habilitación de centros que puedan ocuparse de la
infantil y solamente en el caso improbable de que posteriormente
hubiera excedentes económicos deberían establecerse convenios en
aquellas zonas a las que la escuela pública no pudiera llegar.
Hay, pues, numerosas necesidades que atender en la escuela
pública antes de asignar el dinero del Estado a entidades
particulares. Un gobierno que añadiera a la denominación de
socialista prácticas acordes con ese nombre no habría tomado una
decisión de tal magnitud.
Alejandra Gallardo Palomo.Profesora de
Instituto y Delegada Sindical de la Asociación de Profesores de
Secundaria (A.P.S.- Aragón).
APS y "Las medidas
para....." (2003)
Postura de la
Asociación de Profesores de Secundaria ante la presentación por
la Ministra de Educación en rueda de prensa de las "Medidas para
potenciar la carrera docente en el borrador de anteproyecto de Ley de
Calidad"
A.P.S. Aragón
manifiesta su radical disconformidad con las medidas para potenciar la
carrera docente anunciadas por la Ministra el día 24 de Abril en rueda
de prensa. El conjunto de las mismas es una mezcla de desaciertos,
errores y vaguedades que refleja una equivocada percepción de la
realidad docente y muy escasa voluntad de afrontar la reforma de la
actual situación educativa.
El documento no
establece una verdadera carrera docente. Un Catedrático de Instituto no
tiene ninguna posibilidad de promoción docente.
Se niega a los
titulados superiores la posibilidad - presente en el resto de la
Administración- de acceder al primer escalón de la supuesta carrera
docente.
Rechazamos
enérgicamente la prioridad que se otorga a los Catedráticos de impartir
con preferencia el Bachillerato. Reclamamos el mismo derecho para los
antiguos Profesores Agregados de Bachillerato, derecho obtenido por
oposición y sancionado por la ley.
Pedimos que para el
acceso al Cuerpo de Catedráticos se establezca una doble vía:
a)
concurso-oposición
b) méritos y
antigüedad
Rechazamos también
la propuesta ministerial de reducción del horario a los mayores de 55
años con el consiguiente quebranto económico. Proponemos que la
reducción voluntaria del horario lectivo se compense con la dedicación a
otro tipo de tareas dentro de los centros, y todo ello sin merma
económica.
Solicitamos la
derogación de la transitoria cuarta de la L.O.G.S.E.
En el documento se
desatiende por completo la necesaria oferta de cursos para la
actualización científica de los profesores.
A.P.S. considera
que las medidas anunciadas no son el camino para el establecimiento de
una carrera docente que satisfaga las aspiraciones del Profesorado de
Secundaria.
APS a favor de los
itinerarios (2003)
Respecto al
"Documento de Bases de la Ley de Calidad" que ha dado a conocer
recientemente el Ministerio de Educación queremos hacer público lo
siguiente:
a) El
establecimiento de la diversidad de vías e itinerarios en 3º y 4º de
Secundaria, es decir, a la edad de 14 ó 15 años nos parece adecuado para
que, atendiendo a sus intereses, los alumnos opten por la formación
académica más idónea para su futuro, teniendo en cuenta que no se cierra
la puerta a una nueva elección si sus intereses varían con el tiempo.
b) Nuestro
sindicato, ya desde su constitución, rechazó la promoción automática; de
ahí que no debamos sino saludar que en el anteproyecto se haga explícito
que el alumno con tres o más suspensos no pueda matricularse en el curso
siguiente; al realzar el valor académico de la educación se acabará de
una vez el enjuiciamiento habitual de IES igual a "guardería juvenil".
c) Tal vez hubiera
sido necesaria una prueba -por supuesto no selectiva- para cerciorarse
del grado de competencia en lectura y escritura del alumno al finalizar
la Educación Primaria ya que los conocimientos, en caso de no ser
suficientes, suelen lastrar la formación progresiva del alumno.
d) La
"profesionalización" del cargo de Director acarreará problemas de
convivencia en los Centros. Si no imparte clases carecerá del
conocimiento efectivo del alumnado para realizar su cometido y como mero
representante de la Administración se alejará de las preocupaciones
educativas del profesorado. Hubiera sido suficiente otorgarle mayores
competencias disciplinarias respecto a los alumnos, lo que
indudablemente solventaría muchas de las actuales dificultades por las
que la convivencia diaria pasa hoy en los Centros y conferir al Claustro
de profesores la potestad de su elección.
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